Si es verdad que al Polo se registra el día más largo, en Panamá los más largos son los viernes.

Estas debe ser la explicación del por qué de la evolución de las cosas es más lenta.

Lenta, pero parece que progresa.

Aún haya necesitado un año para darse cuenta que la ley 55, la que reorganiza el Sistema Penitenciario, seguía esperando ser reglamentada, el Defensor del Pueblo, Juan Tejada, se ha despertado de sus pensamientos y ha hecho pública esta falta.

Si hubiese entrado antes en nuestras páginas Web, se habría dado cuenta que desde hace mucho tiempo estamos denunciando lo mismo.

La señora Moscoso no hubo tiempo porque tenía que inaugurar un nuevo puente en el cual nadie puede pasar, (tampoco entiendo el por qué de la placa que recuerda a esa señora en ocasión de la inauguración de la Terminal de Albrook, cuando el complejo es un proyecto privado y no público), el Presidente Torrijos no tuvo tiempo hasta ahora por el choque con la Caja de Seguro Social.

Entre paréntesis, en este asunto, a alguien se le olvida que si la expectativa de vida aumenta, también debería elevarse la edad de los pensionados, siempre y cuando la matemática no sea una opinión.

Pero bueno, ahora que el Sr. Tejada ha tomado una posición precisa, esperamos se mantenga firme en el pedir la reglamentación de esta Ley, también para honrar lo que el mismo escribió y firmó en la introducción de la Ley 55 por la misma Defensoría del Pueblo.

“La tarea por la modernización y humanización del Sistema Penitenciario no acaba aquí”, escribía el Sr. Tejada el 30 de Julio del 2003. Esperamos sea así, porque si acaba antes de empezar, estamos fritos.

Tampoco queremos pensar que la Ley 55 fue promulgada con el mero intento de “demostrar algo” para recibir donaciones internacionales que, gracias a la Ley de Impunidad, siempre se enredan en los bolsillos de los intocables sin ser empleadas para el fin propuesto.

También la pregunta retórica de ¿cómo se puede exigir que las personas cumplan con las leyes cuando el mismo Estado no lo hace? Se quedará sin respuestas, porque a alguien se le olvidó escribir el artículo 132 bis.

El artículo 132 concede al Órgano Ejecutivo un plazo de un año para reglamentar la Ley, el 132 bis, el artículo olvidado, debería de cobrar penas ejemplares por no cumplir.

Entonces, elogios al Sr. Tejada y elogios también a la Sra. Ana Matilde Gómez.

En estas páginas Web, nuestros lectores pueden encontrar las quejas con las cuales denunciábamos que la Sra. Gómez, según nosotros, se dejaba manipular por sus propios fiscales y era impotente con la anarquía imperante en el Sistema Judicial de Panamá.

Ahora parece que la señora se ha despertado al mismo tiempo aparenta tener atributos bien grandes porque, hasta el momento, no le tiene miedo a nadie, “o casi”.

Felicidades.

Felicidades por la cautelar, por motivo de salud, al Sr. Pariente. No se le olvide que hay muchas personas más que la necesitan y la merecen y que, no siendo Pariente, siguen en la cárcel.

Felicidades por abrir una oficina de control en la PTJ que fiscalizará la misma.

Pronto se dará cuenta que muchos seguimientos declarados no son tales, que muchas pruebas tampoco y que buena parte de las drogas, dinero y pertenencias incautadas, se evaporan.

Hace poco se han arrestado a dos detectives de la PTJ implicados en asuntos de droga.

Creemos que, al igual que nosotros, piense que el fenómeno no se limite a estas dos personas.

Desde el último de los policías hasta los jueces, hay ovejitas negras. No pierda de vista nuestras páginas Web, a cada rato, cuando tenemos prueba, nos gusta limpiar a alguien por su mala conducta. Quizás esto la ayude en su labor.

En conclusión, hay que subrayar que hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional ha comprobado la situación real en su última gira de inspección de las cárceles de la República.

Hay que reconocer que la buena voluntad existe.

Este es el momento de reconstruir el Sistema Judicial y Penal para integrarlos a nivel internacional.

Sistema en el cual los defensores de la justicia no trabajen con ideas preconcebidas y condenen por la Ley y no por sus propias convicciones, con las reglas claras, aptas a limitar la corrupción y facilitar el respeto de los Derechos Humanos.

Y que a nadie se le olvide que un año en detención preventiva según la última proposición es un período demasiado largo. Un año son doce meses. 365 días. 8760 horas. 525,600 minutos. Mucho tiempo para jugar con la santidad de la vida ajena y su libertad. Todo esto para decir simplemente que si no hay pruebas hoy, no habrá pruebas mañana, a menos de que sean fabricadas.

La Justicia es la claridad que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece y no una Cruzada, una cacería de brujas de estampa medieval como ahora.

El horizonte se está alumbrando, la Ley 55 es el sol que todos esperamos mientras los primeros negligentes y corruptos se precipitan en las tinieblas del despido.

Si es un sueño, no quiero despertarme.